EL PAIS 27/06/2011

PUBLICO 05/05/2011

VICENÇ NAVARRO

La mayoría de la ciudadanía no conoce ni está informada sobre las Mutuas Patronales de Accidentes y Enfermedades Laborales, que tienen un enorme poder. Sus decisiones afectan al bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población trabajadora en el país. Son mutuas establecidas para compensar a las familias de los trabajadores que mueren en accidentes laborales, o quedan incapacitados temporal o permanentemente como consecuencia de aquellos accidentes, o enferman como resultado de causas laborales. Se financian con aportaciones empresariales que, en realidad, son aportaciones basadas en las rentas del trabajo originadas en la empresa. Las cantidades que tales mutuas manejan son enormes.

En 2010, la diferencia entre los ingresos y los gastos fue la impresionante cifra de 5.000 millones de euros. Estos fondos son gestionados por representantes del mundo empresarial que son también los que, en la práctica, gestionan los criterios de compensación a los trabajadores y el criterio de definir si las causas de la muerte, de incapacidad y/o enfermedad son laborales o no. Es esta capacidad de definición la que les da un enorme poder, que hasta hace muy poco no se ha cuestionado. Estas mutuas señalan que no son ellas, sino el Estado, quien define tales criterios. Según ellos, lo que la mutua hace es meramente aplicar la normativa oficial. La realidad, sin embargo, es muy distinta.

Como resultado de este poder, España se encuentra en una situación única en los países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo): la de no haber tenido ninguna muerte debido a una enfermedad por causa laboral en 2000, en 2001, en 2002, en 2003 y en 2004. Y en 2005, por primera vez, tres personas –según las cifras oficiales aportadas por tales mutuas– murieron por enfermedades laborales. Este número no ha variado desde entonces. En el año 2009 continuaban siendo tres. Ningún otro país de la OCDE se encuentra ante esta situación de subregistro tan importante de mortalidad debido a enfermedades laborales. Es una situación que puede y debe definirse como escandalosa.

En realidad, es muy fácil calcular el número de muertes que España tiene como consecuencia de enfermedades adquiridas en el lugar de trabajo. Estos datos pueden obtenerse extrapolando la experiencia en otros países con poblaciones laborales parecidas que tengan condiciones de trabajo semejantes a las existentes en nuestro país. Según el Grupo de Investigación de Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra, en España se mueren alrededor de 14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en el lugar de trabajo. Cada año hay 9.400 muertos de cáncer, 3.600 muertos de enfermedades cardiovasculares y 1.700 muertos de enfermedades respiratorias causadas en el lugar de trabajo. Y ninguna (repito, ninguna) de ellas aparece en el registro oficial de muertes de causa laboral de tales mutuas, que son las que suministran este tipo de datos.

Esto quiere decir que las mutuas no pagan las compensaciones debidas a los familiares de los fallecidos, consiguiendo un ahorro y unos beneficios claramente exuberantes. Aun cuando se definen como entidades sin afán de lucro, los ingresos entre los dirigentes y gestores de estas mutuas, así como los pagos por dietas complementarias, están entre los más altos en el mutualismo español.

Un tanto semejante ocurre con las enfermedades laborales, que apenas se registran en tales mutuas. Sólo se registran 30.000 casos anuales, la inmensa mayoría de ellos leves y sin baja. Las cifras reales, sin embargo, son mucho más grandes: cerca de dos millones de personas padecen enfermedades laborales (un 9% de los trabajadores y un 13% de las trabajadoras). De nuevo, el ahorro de las mutuas, basado en este subregistro, es enorme. Su tasa de beneficios depende de este subregistro y a ello dedican una gran cantidad de recursos: abogados, “expertos” laborales y otros que constantemente y diariamente testifican en los tribunales negando la causa laboral de las enfermedades y de las muertes. Lamentablemente, no ha habido ningún canal de televisión público o privado que haya hecho un reportaje crítico de una de las prácticas más escandalosas existentes en nuestro país.

Esta situación no es sólo injusta para los muertos y sus familiares, así como para los pacientes de tales enfermedades, sino también para la ciudadanía en general, pues es esta la que paga los impuestos que financian –a través del sistema público sanitario– los cuidados médicos de tales enfermedades, cuando en realidad debieran ser pagados por tales mutuas. Una cifra que puede dar una idea de ello es que el 18% de los enfermos hospitalarios (estimación muy conservadora del Observatorio Social de España) tienen enfermedades laborales. El coste para el servicio público sanitario de atender a estos y otros enfermos por causas laborales representa un 14% de todo el gasto sanitario (cifra que, de nuevo, es muy conservadora, pues es más que probable que alcance el 20%). Si se corrigiese esta situación y las mutuas patronales pagaran esta cantidad al sistema público sanitario, el Estado y el Gobierno de la Generalitat se podrían haber ahorrado los recortes del 10%.

¿Ocurrirá? No es probable. ¿Por qué? Por la misma razón que el Estado no ingresa los 76.000 millones de euros al año debido al fraude fiscal. La respuesta a ambas preguntas es la enorme influencia que los grandes poderes fácticos –entre los cuales destacan la banca, las compañías de seguros y las mutuas patronales, así como el mundo de las grandes empresas– tienen sobre el Estado (sea este central o autonómico). Así de claro.

A la propuesta socialista en las cortes de Castilla y León de aumentar el número de fisioterapeutas y de técnicos de rayos X en Guardo el corrupto Partido Popular da la negativa como respuesta. Así se informa en el Diario Palentino del 04/02/2010.

¿Para qué se vota a estos aprendices de fascistas? ¿Qué han hecho esta gentuza por Guardo sino despoblarlo y dejarlo en la miseria negándoles cualquier servicio desde la ITV al hospital comarcal? ¿Guardo va a seguir dormido viendo como su gente se va por no tener un mínimo para subsistir? ¿Dejaremos que nuestros mayores se mueran sin una atención sanitaria como es debido?

Estamos hartos pero nos callamos. Y el que calla otorga, y encima les votamos.

Nos negaron la UVI móvil, el hospital ni lo olemos y ellos siguen cobrando a costa de nuestros impuestos, siguen haciendo los que les viene en gana. Esta gentuza fue quien provocó la crisis que ahora pagan los trabajadores, especuladores sin escrúpulos que venden a su madre si hace falta por seguir en el poder, nos recortan las pensiones, los sueldos, la mala sanidad que tenemos, pero ellos siguen derrochando.

Si el pueblo muere en su ignorancia simplemente nos harán un funeral que también pagaremos nosotros.

Sigo creyendo en los versos del poeta del pueblo Miguel Hernández que decía que no soy de un pueblo de bueyes y no agacharemos el cuello delante de los castigos, fuera esta gentuza de Guardo.

UN CIUDADANO DE GUARDO

Una vez más estamos viendo una avalancha liberal alarmando a la población diciéndole que el sistema de pensiones no es sostenible y tiene que sufrir cambios profundos que significan, todos ellos, una disminución de las pensiones. Entre estos cambios se incluye el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La mayor justificación para esta medida es que la esperanza de vida de la población española ha crecido cuatro años en el periodo 1980-2005, pasando de 76 a 80 años. Por lo tanto, los pensionistas están gozando de sus pensiones cuatro años más ahora que hace 25 años, lo cual –se nos dice– hará insostenible el sistema de pensiones al aumentar el periodo de beneficio cuatro años más cada 25.

El problema con este argumento es que es erróneo, pues ignora cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes: Pepito, que muere al nacer, y la señora García, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España lsería (0+80)/2=40 años. Supongamos que en un país vecino hubiera también dos ciudadanos: Juanito, que tiene 20 años, y la señora Pérez, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país es (20+80)/2=50 años. El hecho de que este país tenga diez años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se dice) que la señora Pérez viva diez años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que Pepito. Y esto es lo que ha ocurrido en España (y en Europa). El enorme descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes ha sido la mayor causa del aumento de la esperanza de vida promedio. Ni que decir tiene que la población anciana vive ahora más que hace 20 años. Pero no los famosos cuatro años que constantemente se citan. Se está exagerando (deliberadamente, en muchas ocasiones) el aumento de la longevidad (años de vida) de la ciudadanía para justificar la reducción de las pensiones.

Por otra parte, este aumento de años de vida varía considerablemente según la clase social de la persona. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país hay un gradiente muy marcado de mortalidad según la clase social. Exigirle, por lo tanto, a la mujer de la limpieza de la universidad (cuyo nivel de salud a los 65 años es igual al que tiene el catedrático emérito a los 75 años) que trabaje dos años más para pagar la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es, precisamente, lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación. Proponen que las clases menos pudientes (que vivirán menos años) trabajen más para pagar las pensiones de las clases más pudientes, que les sobrevivirán muchos más años.

Otro argumento que se utiliza para argumentar la insostenibilidad de las pensiones es que la juventud se incorpora más tarde al mercado de trabajo (antes a los 18 años, ahora a los 24) y las personas de edad avanzada se jubilan antes, con lo cual hay menos trabajadores con cuyas cotizaciones se pueda sostener a los pensionistas. Tal argumento ignora tres hechos. Uno es que la prejubiliación es algo corregible. En España las prejubilaciones se están utilizando para ayudar a los empresarios que quieren despedir a sus trabajadores de mayor edad. Esta situación debería prohibirse, como ya ocurre en varios países europeos. Si un empresario quiere disminuir su fuerza de trabajo y jubilar a sus trabajadores, debería ser la empresa la que absorbiera estos costes en su totalidad.

Otro hecho que aquel argumento ignora es que el retraso de entrada en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes se debe a que la mayoría están educándose, adquiriendo mayor conocimiento, con lo cual, una vez se integren en el mercado de trabajo, tendrán mayor productividad, conseguirán mayores salarios y aportarán, por lo tanto, mayores cotizaciones sociales.

Lo cual me lleva al tercer hecho que aquel argumento ignora: el impacto del crecimiento de la productividad en la riqueza del país y, por lo tanto, en los recursos disponibles para pensionistas y no pensionistas. Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haberse dicho hace 30 años cuando el 30% de la población trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura (hoy es sólo el 4%) no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la productividad enormemente. Con menos trabajadores se produce más alimento. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan pensiones. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener e incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como ocurre en el informe del Gobierno sobre las pensiones. Este comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en 2010 y habrá 15 en 2040, de lo cual deduce (sin indicar por qué) que tenemos un problema grave. Pero ignora que en 2040 el PIB de España habrá crecido y será, como mínimo, más de siete veces el existente hoy. Se olvida con excesiva frecuencia que España consumía hace 40 años el 4% del PIB en pensiones y ahora más del doble, el 8,6%, y ello no ha supuesto que los no pensionistas tengan menos recursos. Todo lo contrario, tienen más, pues el tamaño de la tarta (el PIB) es 17 veces mayor.

Una última observación. La viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico ni tampoco económico. Es única y exclusivamente político. La enorme popularidad (entre todos los grupos etarios) del sistema de pensiones público hace que la sociedad siempre pueda encontrar cómo conseguir los recursos, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales, para financiarlas.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.

DIARIO PUBLICO 04/02/2010

El gobierno sigue mostrando a quien sirve: dinero público masivo para la banca, las multinacionales, las grandes empresas... y recortes de pensiones, más impuestos y reformas laborales para el resto.

Este año, a varias autopistas de peaje les toca pasar un delicado test con sus acreedores. Deben reestructurar la deuda asumida para construir las vías que el Ministerio de Fomento adjudicó en los últimos diez años.

Entre las refinanciaciones más urgentes, destacan los peajes de Madrid R3 y R5 (renegociación de 500 millones de euros antes el verano), en los que participan Sacyr, Abertis y FCC. Otras sociedades, como el Eje Aeropuerto, de OHL, o la autopista Madrid-Toledo, participada por Isolux y Comsa-Emte, disfrutan de financiaciones a largo plazo, pero, sin embargo, se encontrarían técnicamente quebradas por la falta de tráfico.

El denominador común de estas empresas y del resto de sociedades afectadas (al menos, ocho autopistas que han movilizado inversiones por 4.000 millones de euros) es el incumplimiento sistemático de su plan de negocio. Ninguna alcanza la previsión de ingresos inicial, los accionistas ya no pueden asumir más ampliaciones de capital para sanear su balance y, ante esa situación, se enfrentan al riesgo de quiebra.

Solución

Fomento lo sabe desde hace tiempo y, por eso, se ha puesto a trabajar para encontrar una solución rápida. Para el Gobierno, se trata de un asunto vital, ya que de él depende que la banca mantenga la confianza en el modelo y respalde el plan extraordinario de infraestructuras de 15.000 millones de euros que el titular del departamento, José Blanco, quiere presentar este mes.

"Es una condición sine qua non. Si no se resuelven previamente nuestros problemas, el plan de Fomento corre un alto riesgo de fracasar, ya que ni nosotros ni nuestros acreedores querrán participar", asegura el responsable de una de las autopistas de peaje afectadas. Fomento analiza, al menos, dos opciones. Ambas forman parte del paquete de enmiendas a la nueva ley de captación de financiación para concesiones, en tramitación parlamentaria.

La primera consiste en una fórmula contable por la que la sociedad concesionaria abre una cuenta a cobrar del Estado en su balance (cuenta de compensación). En ella, y durante un plazo de entre 10 y 20 años, la empresa anotará la diferencia entre los tráficos previstos en su plan económico-financiero y los ingresos reales. Al vencer el plazo, si el saldo es negativo, el Estado compensa a la concesionaria. Si resulta positivo, en teoría, se devuelve a la Administración.

"No entra dinero en caja y, por lo tanto, no tiene impacto en términos de gasto público. Se parece más a una garantía de cobro que, en principio, facilitará la renegociación con los bancos", remarcan las potenciales empresas beneficiadas. La adopción de esta medida depende del grado de acuerdo de Fomento, Hacienda y los grupos parlamentarios encargados de la presentación de enmiendas. En principio, PSOE, PP y CiU están de acuerdo con el planteamiento, que ha superado, además, los informes jurídicos preceptivos. Esta fórmula, similar al déficit de tarifa de las eléctricas, ya ha sido aplicada por Fomento en la autopista AP-7, gestionada por Abertis.

Aunque positiva, los grupos de infraestructuras consultados consideran la medida insuficiente. "Corrige un problema puntual de algunas autopistas, como las radiales R5 y R3, pero no soluciona la crisis estructural del sector", advierten. En esta situación, se encuentran los peajes entre Madrid-Toledo, la conexión con la T4 del aeropuerto de Barajas y la autopista entre Cartagena y Vera, de FCC y Ploder (esta última constructora, al borde del concurso).

Para estas empresas, Fomento baraja la aportación de capital mediante créditos participativos (se devolverían cuando la sociedad entre en beneficios). El inconveniente de esta medida es que sí se produce un compromiso financiero del Estado, en un momento en el que el Gobierno quiere aplicar un recorte a la inversión en infraestructuras para conseguir un ahorro de 50.000 millones de euros en cuatro años.

Otra opción, más radical, es el levantamiento de los peajes. En principio, esta decisión requeriría del rescate de la autopista por parte del Estado con la debida compensación a la sociedad concesionaria. Según los expertos, la autopista entre Madrid y Toledo podría encajar en este esquema. Sus responsables tienen planteada una demanda contra Fomento en el Tribunal Supremo que asciende a unos 400 millones de euros. Entre sus argumentos, figura el incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de concesión, entre ellas, la extensión del corredor hasta Córdoba.

Urgencias

1. El Ministerio de Fomento ya dio un primer paso al admitir y asumir parte del coste de las expropiaciones de las autopistas radiales de Madrid e introducir una fórmula de compensación para autovías de primera generación.

2. Ahora, se trata de alejar el fantasma de quiebra de varias sociedades concesionarias que no han cumplido con sus previsiones de tráfico y ven peligrar su viabilidad si los bancos y la Administración no les apoyan.

3. Para hacerse una idea del alcance del problema, el peaje M-12 de OHL (Eje Aeropuerto), en Madrid, preveía tráficos de hasta 50.000 viajeros día, cuando la intensidad real en 2008 fue de algo más de 10.000 vehículos diarios.

4. A la crisis del sector, se suman las dificultades particulares de algunos de los accionistas de las autopistas, como Ploder-Uicesa, que participa con FCC en el tramo Cartagena-Vera. Ploder está al borde del concurso de acreedores.

5. La medida llega en un momento clave, ya que hay sociedades, como la que gestiona los peajes R3 y R5 de Madrid, que debe refinanciar pronto un crédito de 500 millones de euros. En esta empresa participan Sacyr, Abertis y FCC.

Garantías

Una de las opciones barajada es ofrecer una garantía de cobro mediante una nueva cuenta a compensar en el balance de la concesionaria que recoja la diferencia entre tráfico real y previsto.

Crédito participativo

Es la más fácil de articular, pero tiene un coste financiero para el Estado. Se trata de una vieja fórmula poco utilizada, que está recogida en la nueva ley de captación de financiación.

Levantar peajes

Se trata de un mecanismo por el que el Estado llega a un acuerdo para convertir la carretera en gratuita. En teoría, obligaría al Gobierno a rescatar la concesión al alterar los términos del contrato.

La procuradora socialista por Palencia, María Luz Martínez Seijo, defenderá mañana en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León la necesidad de dotar a la Zona Básica de Salud de Guardo de técnicos de Rayos X durante todo el año. Solicitará además ampliar este servicio por las tardes.

Asimismo, propondrá la creación de dos plazas de fisioterapeutas para reducir las listas de espera a un nivel en la media del área.

Martínez Seijo argumenta su propuesta haciendo referencia a que la Zona Básica de Salud de Guardo «atiende a unas 11.000 personas y aunque cuenta con un Centro de Salud nuevo, éste no cubre las necesidades sanitarias de toda la comarca», señala.

La socialista recuerda que los municipios afectados «se encuentran alejados en más de cien kilómetros de cualquier centro prestador de servicios sanitarios que puedan dar una respuesta cómoda y eficaz ante numerosas situaciones sanitarias que se producen con demasiada frecuencia en esta zona».

ESPECIALIDADES. Martínez Seijo explica que en la actualidad en el Centro de Salud de Guardo «sólo hay servicio de traumatología una vez a la semana y de radiología cinco días a la semana». La procuradora continúa explicando que «recientemente se ha dotado a este Centro con un nuevo servicio de médico rehabilitador pero que atiende exclusivamente a pacientes nuevos y no cuenta con instrumental para realizar radiografías milimetradas, por lo que numerosas personas deben seguir acudiendo a Palencia para ser tratadas».

Concluye la procuradora señalando que «este sinsentido y peregrinaje de pacientes de Guardo a Palencia podría mejorar si se racionalizase la prestación de servicios en esta zona y se dotase a este Centro de Salud como es debido».

DIARIO PALENTINO 02/02/2010

Los resultados de un trabajo llevado a cabo por la Universidad de Granada mostraron que existen desigualdades, en el sentido de que determinadas clases con menor nivel socioeconómico son diagnosticadas más tarde, lo que significa que, en muchas ocasiones, antes de recibir el diagnóstico están sufriendo complicaciones derivadas de la enfermedad, que podrían evitarse con un diagnóstico a tiempo.

Según una investigación realizada en la Universidad de Granada (UGR), las personas con un menor nivel socioeconómico y aquéllas que pertenecen a grupos étnicos minoritarios reciben una peor atención sanitaria de la diabetes -en los países con cobertura universal [1]- que el resto [de ciudadanos].

Etnias

El trabajo, que ha sido desarrollado por Ignacio Ricci Cabello, del Departamento de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Granada, tenía como objetivo principal determinar si los sistemas sanitarios proporcionan o no una atención sanitaria equitativa a todas las personas diabéticas, independientemente de su sexo, raza, nivel socioeconómico o país de origen.

Los resultados mostraron que sí existen desigualdades, sobre todo, se observó que determinadas clases con menor nivel socioeconómico son diagnosticadas más tarde, por lo cual en muchas ocasiones antes de recibir el diagnóstico están sufriendo complicaciones derivadas de la enfermedad, las cuales con un diagnóstico a tiempo podrían evitarse.

Al parecer, según explica Ricci, "estos colectivos controlan peor sus niveles de azúcar en sangre, porque no saben cómo hacerlo o no son conscientes del importante papel que juega el autocontrol de su enfermedad en la prevención de las complicaciones de la diabetes".

No obstante, afirma que "la peor parte se la llevan los grupos étnicos minoritarios, los cuales no sólo son diagnosticados más tarde y controlan peor su enfermedad, sino que también reciben un tratamiento diferente y tienen mayores dificultades en el acceso a los servicios sanitarios encargados del control de la enfermedad".

"La punta del iceberg en desigualdades sociales en salud"

Para el investigador de la UGR, estos resultados podrían ser de alguna manera "la punta del iceberg de las desigualdades sociales en salud en el mundo", pues, si ya resulta preocupante el que en los países económicamente más desarrollados y que gozan de una cobertura sanitaria universal existan importantes desigualdades, "la situación del resto de países debe ser mucho peor".

Este trabajo ha realizado "la revisión bibliográfica más completa hasta la fecha a nivel mundial" sobre la atención sanitaria de esta enfermedad en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que tienen sistemas sanitarios de cobertura universal.

Así, se puede observar que más del 80 por ciento de los artículos publicados hasta el momento sobre desigualdades étnicas señalan que las poblaciones étnicas minoritarias acceden con mayor dificultad a los servicios sanitarios relacionados con el control de su enfermedad, y que el 85 por ciento de los artículos sobre desigualdades socioeconómicas coinciden en que las personas con menor nivel socioeconómico controlan peor su enfermedad que el resto.

Además, si estas desigualdades existen en el tratamiento de la diabetes "no sería de extrañar el pensar que éstas también pudieran existir en el caso de otras enfermedades crónicas como el sida, enfermedades cardiovasculares o relacionadas con la salud mental", advierte.

En definitiva, para el autor de esta investigación "dado que las desigualdades sociales en la atención sanitaria son innecesarias, injustas y evitables, los resultados de este trabajo deberían ser tenidos en cuenta por parte de políticos o gestores de salud para poner en marcha políticas socio-sanitarias dirigidas a disminuir y finalmente eliminar estas desigualdades".

En los últimos años, al tiempo que se está produciendo en todo el estado un importante deterioro del sistema sanitario, políticos y gestores difunden el falso discurso de que lo público no funciona, para justificar la introducción de medidas privatizadoras, supuestamente destinadas a salvar lo que ellos mismos han deteriorado.

El objetivo es convertir la Sanidad Pública en un negocio más.

El objetivo de políticos y empresarios es que la privatización pase lo más desapercibida posible, por eso, comienza por los denominados servicios auxiliares (limpieza, comidas, mantenimiento…),


pasando a continuación a los servicios médicos y clínicos, hasta el punto de que ya existen hospitales y centros sanitarios de propiedad totalmente privada, con contratos con la Administración Pública por 30-60 años que les aseguran elevados beneficios, y que sólo tienen de público los pacientes y el dinero que reciben.

Los beneficios, por supuesto, son privados, aunque si tienen pérdidas siempre recurren a la Administración Pública.

Todas las medidas que se están aplicando van dirigidas a facilitar la entrada de empresas privadas en la sanidad, cuando la evidencia internacional demuestra que los hospitales con ánimo de lucro tienen resultados mucho peores que los que no reparten beneficios:

 Mortalidad en adultos un 2% superior.

 Mortalidad en recién nacidos casi un 10 % superior.

 Mortalidad en determinados pacientes crónicos–renales un 8 % superior.

 Disminución de limpiadoras y más infecciones hospitalarias.

 Disminución de médicos y enfermer@s por cama.

 Menor número de días de estancia hospitalaria (altas prematuras).

Los centros privados parasitan a los públicos (eligiendo las operaciones y pacientes más rentables). Su principal finalidad es el reparto de beneficios económicos.

El dinero público, en vez de utilizarse para nuestra salud, acaba en manos privadas.

Por otra parte, nos están bombardeando con noticias de que “la sanidad pública no se puede sostener” (ocultando que el gasto sanitario se ha disparado sin aumentar recursos, precisamente en las CCAA donde más ha avanzado la privatización), para preparar y justificar la introducción de mecanismos de copago que, de introducirse, limitaran el acceso a los sectores de población más desfavorecidos, incrementando las ya muy elevadas desigualdades en salud (en el estado español, las diferencias de esperanza de vida entre barrios de una misma ciudad, son de hasta 9-10 años, e incluso de hasta 16,6 años entre zonas de un mismo barrio).

El copago ataca los principios de universalidad y gratuidad, pudiendo convertir en crónicas patologías agudas, potencialmente curables.


Las medidas privatizadoras son posibles por la existencia de leyes autonómicas y estatales (como la Ley 15/97) que permiten la entrada de las empresas privadas con ánimo de lucro en la sanidad. Estas leyes han sido aprobadas por PP, PSOE, CiU, PNV y CC, siendo por tanto los responsables de lo que está ocurriendo.

Para defender nuestro sistema sanitario público deberemos movilizarnos y exigir:

 La derogación de todas las leyes que permiten la privatización.

 Que no se implanten medidas de copago.


Coordinadora de Organizaciones por la Sanidad Pública

Políticos y empresarios, aprovechando la crisis creada por el capital, vuelven a ponerse de acuerdo para aplicar un nuevo recorte.

Utilizando la falsa idea de que el sistema sanitario público es insostenible porque los pacientes abusan de él, quieren introducir el copago, es decir volver a pagar –ya pagamos con los impuestos- cada vez que se utilicen ciertos servicios sanitarios.

Ocultan que:

El Estado español dedica mucho menos dinero a sanidad que la media de Europa.

Los estudios demuestran que en los países donde se aplica el copago no se ha conseguido disminuir el gasto y ha empeorado la asistencia a las personas con menos recursos, ancianos y pacientes crónicos.

¿En qué podría consistir el copago?

En pagar para poder recibir atención sanitaria, convirtiéndola así en una mercancía, en lugar de en un derecho:

•  Cada visita al médico de cabecera o pediatra.
• Para ser atendido por un especialista.
• Por ir a Urgencias.
• Pensionistas: un porcentaje en farmacia.
• Por cada día de ingreso en un hospital, o por las pruebas que allí se realicen, o la comida, …
• No cubrir ciertas prestaciones sanitarias (pruebas, tratamientos, ..), debiendo pagar para recibirlas (o suscribir una póliza de seguro privado, como actualmente el dentista o el podólogo).

Razones para no aceptar el copago

• Afectará negativamente a la población con ingresos más bajos y a la más necesitada de atención sanitaria, incrementando las diferencias de esperanza de vida (que ya es de 16 años entre barrios de una misma ciudad).
• Si las personas con bajos ingresos no pagasen (p. ej. las de renta inferior al salario mínimo -633 €/mes-) aún sería enorme el número de ciudadanos con serios problemas para poder acceder al sistema sanitario. No olvidemos que un 63% de los trabajadores son mileuristas.
• Esto supondría la “clasificación” como pobres de una parte de la población, con las consiguientes consecuencias discriminatorias.
• Se tendría que crear una estructura burocrática para realizar los cobros que podría resultar más cara que lo que se pretende recaudar.
• En Urgencias, dejar en manos del médico la decisión de cobrar o no, le convierte en un policía.

Hay dinero suficiente para mantener y mejorar la Sanidad Pública: 

• Se han inyectado 230.000 millones de € para la banca privada.
• Cada año dedicamos unos 60.000 millones de € para la sanidad pública, mientras que el fraude fiscal hace que cada año Hacienda deje de ingresar 90.000 millones de €, dinero suficiente para financiar otro sistema sanitario.
• La supresión del Impuesto de Patrimonio ha supuesto dejar de ingresar 1.800 millones (cantidad similar a la que dedica a sanidad Castilla La Mancha).
• Las cuotas de IVA dejadas de ingresar en 2008 suponen más de 17.000 millones (cantidad superior a lo que gastan en sanidad Madrid y Catalunya).
• En 2009 las grandes fortunas tuvieron unos beneficios de 6.800 millones (cantidad similar al gasto sanitario de Madrid).
• Por no seguir con: la eliminación del Impuesto de Sucesiones (3.000 millones), los gastos militares (18.609 millones), ….

En un país en el que el fraude fiscal de los ricos y las profesiones liberales es escandaloso, en el que los empresarios declaran ganar menos que sus asalariados, en el que quienes sostienen los servicios públicos son los trabajadores, ¿Cómo se atreven a plantear como una medida necesaria la instauración de copagos?

Alternativas frente al copago:  

· Farmacia:

- Compra centralizada y dispensación en los propios centros de los medicamentes mas prescritos.

- No autorización de medicamentos que no demuestren mejoras.

- Reducción de los beneficios de las multinacionales y farmacias.

- Prohibición de la formación médica por los laboratorios privados.

· Vuelta a manos públicas de los centros ya privatizados.

· Utilización de los recursos públicos al 100 %.

- Funcionamiento de Quirófanos y alta tecnología mañana y tarde.  

- Reducción/eliminación de los conciertos con la privada.  

· Reducción del aparato burocrático y de gestión. Las transferencias han creado 17 sistemas de salud distintos, con una nueva casta de poder nombrada por afinidades políticas, que ha disparado el gasto, sin mejoras en la calidad y sin acercar la sanidad a los pacientes.

Copago y privatización: dos caras de la misma moneda. La privatización de centros sanitarios se está produciendo en todas los puntos del Estado; su objetivo: desmontar los sistemas públicos, obligar a los de siempre a pagar de nuevo y traspasar a empresas privadas las partes rentables. Difundiendo la falsedad de que la sanidad pública es ineficiente y no rentable, políticos y empresarios están transformándola en un negocio seguro.

Ampliación de la información y Recogida de firmas contra el copago en: www.casmadrid.org

Destina 30 millones anuales a "racionalizar gastos" y frenar los abusos

En la Seguridad Social no les gusta hablar de fraude en las bajas laborales por incapacidad temporal (IT). Prefieren llamarlo "abuso" o "uso indebido". Pero constatan que existe. Por eso están firmando con las comunidades autónomas convenios para "racionalizar" la gestión de estos procesos, que le cuestan al Estado entre 6.000 y 7.000 millones de euros anuales. Madrid y Cataluña han sido dos de las últimas comunidades en firmar esos convenios, por los cuales la Seguridad Social les entrega unas cantidades destinadas, entre otras cosas, a incentivar a los médicos que dan las bajas.

El objetivo, según el convenio específico firmado con Madrid, es "conseguir la reducción de los tiempos medios de duración" de las bajas. Los médicos madrileños están a punto de cobrar los primeros incentivos, que pueden llegar a los 1.754 euros si cumplen al cien por cien con los objetivos. La Seguridad Social ha destinado 4.750.000 euros a financiar el programa. El crédito se dedica a "incentivar" a los profesionales que participan en el programa: inspectores médicos, médicos de atención primaria y personal administrativo.

"Es un disparate", afirma el presidente de una sociedad científica

El convenio con Cataluña le saldrá a la Seguridad Social por 5,7 millones de euros. En total, en 2009, el Ministerio de Trabajo destinó 30 millones de euros a este tipo de convenios. Hasta ahora, y según una portavoz del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), se han firmado con Extremadura, Andalucía, La Rioja, Galicia, Asturias, Baleares, Canarias, Valencia, Madrid y Cataluña. "Algunas comunidades, como Murcia y Aragón, no lo han suscrito porque no estaban preparadas para el programa de incentivación", explica Mª Dolores Santamaría, subdirectora general de Gestión de IT del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El programa de reducción de bajas se centra en 14 patologías, las mismas en todas las comunidades autónomas, que según el INSS son las que concentran el 30% de todas las incapacidades temporales. Son estos 14 diagnósticos los que se vigilan y controlan en el programa. También son los que permiten calcular a los servicios de salud autonómicos qué médicos han cumplido mejor los objetivos y, por tanto, qué cantidad económica les corresponde a modo de incentivo. Se trata de trastornos depresivos y neuróticos, tendinitis, esguinces y torceduras, problemas de espalda, etc.

"Estamos obligados a controlar el gasto público", dice el INSS

La valoración incluye tanto el número de procesos como la suma de los días de baja laboral. "El incentivo económico para la comunidad autónoma vendrá relacionado directamente con la reducción en días de la prestación", afirman los convenios con Madrid y Cataluña. La reducción se calcula comparando un periodo determinado con otro anterior "en condiciones de homogeneidad en cuanto a duración, fechas, número de afiliados, etc.", añaden. "Cada día disminuido se valora en 15,23 euros a favor de la comunidad autónoma".

Madrid empezará a pagar el incentivo a sus médicos de familia en la nómina de diciembre, según ha estado informando la Dirección General de Recursos Humanos a los gerentes de cada área sanitaria. Los médicos cobrarán en función de su porcentaje de cumplimiento. Si es del 100%, la cantidad llega a los 1.754 euros. Si es del 75%, 1.315 euros. Del 60%, 1.051 euros. Y así sucesivamente. Podrían no cobrar nada si no han reducido los días de baja. El cálculo se hace, según fuentes sanitarias, centro de salud a centro de salud. El médico que más haya reducido sus IT será considerado el que mejor haya conseguido los objetivos. Sus resultados serán el 100%, a partir del cual se irá calculando el porcentaje del resto de sus compañeros.

Un facultativo puede cobrar 1.700 euros si cumple los objetivos

También el personal administrativo que participa en la gestión de las bajas cobrará incentivo, en este caso un fijo de 200 euros. En algunos centros de salud existen circuitos especiales para la IT en casos de bajas largas. En lugar de que el usuario pida visita con el médico cada semana para renovar su parte de confirmación, se dirige a la unidad administrativa, donde se lo resuelven sin cita previa.

A los médicos madrileños no les ha sentado nada bien la llegada del incentivo. La Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (Somamfyc) "rechaza las medidas de incentivación de la incapacidad temporal" por considerarlas "inútiles", según asegura en un comunicado. "Creo que es un disparate, que supone un aguinaldo arbitrario que no mejorará la gestión de la IT", afirma su presidente, Paulino Cubero. El premio a los médicos que más hayan reducido los días de baja de sus pacientes ha sido objeto de discusiones en foros profesionales en internet. Todos se manifiestan en contra. "Una vergüenza más, una perversión más. Creo que pone en duda la ética profesional de los médicos. ¿Es que necesitamos un incentivo para atender lo mejor posible a nuestros pacientes? ¿Acaso se duda de la buena praxis?", se pregunta un médico de primaria.

Madrid y Cataluña han sido las últimas en adoptar el sistema

"Los médicos se oponen porque no están bien informados", asegura la subdirectora general del INSS. "Estamos obligados a controlar el gasto público y lo que queremos es que la incapacidad temporal se use para lo que la ley establece y por quienes cumplen los requisitos. Lo que no queremos es que haya abusos", añade. Santamaría explica que hay comunidades, como Extremadura, que están teniendo "un magnífico comportamiento en IT". De ahí que, en ese caso, a los médicos se les pague "para que mantengan los ratios de IT, que son buenos". En el resto de comunidades, en cambio, el dinero sí se destina a reducir número y días de duración de las bajas. En Madrid, por ejemplo, las bajas "están disparadas", asegura.

El objetivo de la Seguridad Social es, según Santamaría, racionalizar el gasto y homogeneizar. "¿Qué causa hay para que una misma patología dure siete veces más en una comunidad que en otra?", se pregunta. "Habría que analizar si es porque las pruebas diagnósticas tardan mucho o si las listas de espera para operarse son muy largas".

Los convenios incluyen también programas de formación para los médicos. "La IT tiene que usarse para lo que establece la ley. Por ejemplo, no debe darse una baja para paliar la falta de conciliación laboral de una mujer", explica Santamaría. De momento, los convenios ya firmados "están dando magníficos resultados", asegura. En 2010, la Seguridad Social les destinará otros 35 millones de euros.

REBELION 23/12/2009

Integrantes de la asociación reivindicativa de Guardo se trasladaron ayer a Valladolid para mantener una reunión, que al final no tuvo lugar, con el consejero de Sanidad

Los manifestantes leyeron en el exterior del edificio de la Consejería de Sanidad un escrito reivindicativo bajo el título ‘Carta de Papá Noel al Señor Guisasola’.

Miembros de la Plataforma Pro-Hospital Comarcal de Guardo, vestidos algunos de Papá Noel, se manifestaron ayer ante el edificio de la Consejería de Sanidad de Valladolid con el objeto de conseguir mejoras sanitarias para la zona norte de la provincia de Palencia.
La idea de este colectivo era poder reunirse con el consejero Francisco Javier Álvarez Guisasola para contarle de primera mano cuáles son las mejoras en materia sanitaria necesarias en la comarca de Guardo y demandarle así la creación de un hospital y la dotación de una UVI Móvil. «Nos han dicho que el consejero estaba reunido y no nos podía atender», indican desde el colectivo.
Finalmente los manifestantes, con una pancarta reivindicativa desplegada, leyeron en alto un escrito que previamente habían elaborado bajo el título Carta de Papá Noel al Señor Guisasola. «Papá Noel está pensándose si irá o no a distribuir los regalos por la zona Norte de Palencia pues teme sufrir un accidente, un infarto debido a su avanzada edad o la tan famosa gripe A y como en las cartas que ha recibido la gente le cuenta que no hay hospital ni UVI le da miedo ir. Lo que sí le da mucha pena a Papá Noel es que sus apreciados niños no tengan pediatra cada vez que la actual se ausenta de su puesto de trabajo», rezaba la carta.
La Plataforma registró el escrito en la Consejería con el fin de que se lo remitan al propio Guisasola. Pero esto no fue todo ya que además el colectivo dejó en el edificio un regalo para el consejero: dos sacos de escombros de carbón y uno de ceniza «por lo bien que se ha portado este año», dijeron los manifestantes irónicamente.
Ésta ha sido otra de las acciones llevadas a cabo por los miembros de la Plataforma Pro-Hospital, quienes, a pesar de las dificultades que se registraron ayer en las carreteras por la nieve, volvieron una vez más a desplazarse a Valladolid con el fin de no cesar en la lucha que están llevando a cabo. «Estamos muy contentos porque uno de nuestros objetivos era que la gente conociera nuestro problema y lo hemos conseguido una vez más dado que nos hemos dejado oír y hemos repartido cartas reivindicativas entre los ciudadanos», indican.

DIARIO PALENTINO 22/12/2009

Fuera del quirófano por un recibo impagado.
La aseguradora Sanitas saca a un paciente de la sala de operaciones porque debía 166,44 euros.- "Le han tratado como a un perro"

ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 21/10/2009 


Estaba nervioso. Le iban a operar de cataratas para tratar de salvar el último resto de visión que podría conservar en el ojo izquierdo, el único que le queda. Jesús Pérez, de 59 años, estaba el pasado lunes en el quirófano, con la vía intravenosa puesta, el oxígeno, las gotas de anestesia local y el desinfectante en torno al ojo. Listo para la intervención, programada para las 12.30. Tardaban mucho. Preguntó. "Parece que hay algún problema", contestaban las enfermeras. No le decían cuál. Al otro lado de la puerta, su mujer, Aurora Gil, no podía creerse lo que estaba pasando. "Me dijeron que lo sacaban del quirófano. Que había un recibo devuelto de 166,44 euros".

La clínica asegura que Sanitas denegó la operación porque había un impago Cinco días antes todo estaba correcto, según un volante de la compañía Así fue. Jesús se tuvo que volver a casa. De nada sirvieron los esfuerzos de su mujer por arreglar la situación. Al parecer, el banco había devuelto el último recibo trimestral de su aseguradora médica, Sanitas. Pero a ellos
nadie los había avisado, ni el banco ni la compañía. Cuando Jesús llevaba un rato en quirófano, Sanitas llamó a la clínica oftalmológica privada, Vissum, y denegó la autorización. Aurora llamó a su hijo para que fuera a un banco a ingresar el dinero. Lo hizo a las 13.24, pero la clínica no esperó. "¡Pero si ya está pagado!", insistía ella."Me dijeron que tenían más pacientes que operar", recuerda Aurora. "Es la primera vez que estando un paciente preparado la compañía no autoriza la operación", afirmó ayer una portavoz de Vissum, cuyo relato de los hechos coincide con el de Jesús y Aurora. La pareja llegó a la clínica con un volante de Sanitas que no estaba correcto. Autorizaba la operación de dos cataratas, pero el paciente sólo tiene un ojo. Además, faltaba añadir otra técnica quirúrgica, una trabeculectomía (drenaje).

"Es muy habitual que las autorizaciones de las compañías lleguen con errores", explicó la portavoz de Vissum. En esos casos, añadió, lo que se hace es ir preparando al paciente mientras se soluciona el papeleo, de forma que no se pierda tiempo. "Nos suelen mandar la autorización correcta por fax en minutos y entonces se empieza la operación".

Parecía que el caso de Jesús era uno más. Sanitas aseguró en un principio que enviaría el fax. "Pero al rato llamaron y dijeron que no autorizaban la operación porque había un impago de recibos", afirmó la portavoz. El equipo médico esperó una hora la tramitación. Jesús, tendido sobre la camilla y preguntando qué pasaba, también. "Sin autorización, el cirujano no puede intervenir", resumió la portavoz.

Sanitas no pudo explicar ayer lo sucedido. "El paciente tenía un recibo pendiente", recordó una portavoz de la aseguradora privada. "Hay un tiempo para hacer el recobro. Normalmente, se avisa de la morosidad", añadió. No pudo precisar si en este caso se había hecho. "Sentimos muchísimo lo que ha pasado y abriremos una investigación".

"Han tratado a mi marido como a un perro por 166 euros", se lamentaba ayer Aurora en su piso del barrio de La Concepción. Ella también está enferma y ha tenido que dejar su trabajo para ocuparse de su marido, que hace ocho
meses perdió el ojo derecho y la poca visión que tenía en el izquierdo a causa de una infección. Desde entonces, Jesús, vendedor de cupones de la ONCE, está de baja. Y su mujer, cuidándole día y noche. También tiene problemas de corazón. "Sin mí no puede hacer absolutamente nada. Todavía está aprendiendo a vivir sin ver nada", explica.

Suponen que, cuando llegó el recibo de Sanitas, el banco lo devolvió porque la cuenta estaba vacía. Tenían el pago domiciliado y no se preocupaban de cuándo se lo pasaban. Lo que no entienden es cómo un único recibo impagado
ha podido provocar esta situación. Aurora muestra el volante expedido por Sanitas para autorizar la operación. Ella misma fue a recogerlo. Tiene fecha del 14 de octubre, sólo cinco días antes de la intervención. "Ni una llamada de aviso, ni una carta", insiste.

Aurora pudo solucionar el problema la misma tarde de la intervención. Sanitas comprobó que había hecho el pago y le entregó un papel, a modo de autorización temporal. La tarjeta ya se la habían dado de baja. "El paciente ha hecho el pago y tiene una nueva cita", afirmó ayer la portavoz de Sanitas.

Jesús se operará las cataratas el 2 de noviembre. "¿Y ya está? ¿El daño está arreglado? Mi marido no es un perro que se pueda sacar de un hospital así. Es una cuestión de humanidad. Esto no se le puede hacer a nadie. No puede volver a pasar", insistía ayer Aurora entre sollozos. "Está sin tomarse la medicación [sintrom, un anticoagulante de la sangre] hace 15 días. ¿Y si le llega a pasar algo?". Jesús, sentado a su lado en el sofá, escuchaba y asentía. Él sólo supo lo que pasaba cuando lo sacaron del quirófano: "Me quedé pasmado. Lo normal hubiera sido que me operaran y luego se arreglara
el tema burocrático. No nos negamos a pagar en ningún momento, todo lo contrario".

Los médicos claman ante su Colegio por el deterioro de la sanidad

Facultativos de Primaria y Hospitales denuncian la "mercantilización" del sistema

La mayoría de los médicos de Madrid están hartos del "deterioro" de la sanidad pública y de su "mercantilización". Se deduce de la insólita petición, ayer en la Asamblea del Colegio de Médicos, de los representantes de los facultativos de Primaria y Hospitales públicos, o sea, la inmensa mayoría de los 36.000 colegiados en la región. Quieren que su órgano de representación profesional les ampare ante la "grave situación" y se levante contra las políticas sanitarias.

Después de una asamblea general accidentada, con acusaciones de tongo en la votación y bronca incluidas, la junta directiva del Colegio de Médicos escuchó ayer una lectura pública de un manifiesto respaldado por las vocalías de Primaria y Hospitales, las de más peso, además de varias sociedades médicas. Miguel Ángel Sánchez, vocal de Primaria, alertó del "deterioro" y la "mercantilización" que sufre la sanidad pública madrileña, debido a los recortes de financiación, la escasez de profesionales y la Ley de Área Única, recién aprobada. El sistema sanitario, aseguran, "está sufriendo un proceso de privatización y mercantilización que cambia los objetivos del modelo diseñado en la Ley General de Sanidad".

Los médicos denuncian unos presupuestos "claramente restrictivos que propiciarán un mayor deterioro", y constatan que Sanidad ha abierto "hospitales infradotados técnicamente" con plantilla de los antiguos hospitales, "dejándolos en precario". Prueba de ello es, añaden, que "todavía se siguen haciendo cirugías programadas y pruebas complementarias en clínicas concertadas y no en las instalaciones del Sistema Madrileño de Salud".Sanidad ya no contrata pediatras en Atención Primaria, denunciaron ayer los médicos. Sólo ofrece a los profesionales un contrato mixto, de forma que se dividan entre Primaria y Hospitales. Las consecuencias: "deterioro asistencial hacia los ciudadanos" y "sobrecarga" de los profesionales. El comunicado critica también que a la situación de escasez de profesionales en Sanidad haya respondido con la jubilación a los 65 (a la que ya ha dado marcha atrás) y con contratos "cada vez más precarios", lo que está aumentando la marcha de profesionales a otras comunidades o al extranjero.

"Cada vez priman más los criterios políticos y economicistas para evaluar o promocionar", aseguran los profesionales, lo que "convierte al médico y a la medicina en una empresa más". La Ley de Libre Elección, que incluye la supresión de las 11 áreas sanitarias actuales para crear una única, también es blanco de las críticas de los médicos, que en el comunicado recuerdan que fue rechazada en su momento por las dos vocalías y por 17 organizaciones profesionales sanitarias. Si llega a implantarse la ley (aprobada en la Asamblea en noviembre), pronostican, los "graves problemas" de la sanidad empeorarán.

La asamblea general aprobó ayer los presupuestos del Colegio para 2010, pero por un margen muy estrecho: 102 votos a favor y 100 en contra. La votación se alargó durante varias horas, porque el sector crítico con la presidenta, Juliana Fariña, echó mano de los estatutos y reclamó la votación secreta, en lugar de a mano alzada. Ya antes de votar varios compromisarios criticaron con vehemencia los presupuestos por ser poco transparentes. Después siguió la crispación: de la urna salieron 210 votos, cuando los emitidos fueron 209. La junta declinó anular la votación.

EL PAIS 17/12/2009

En la Comunidad hay 40.628 personas que tienen derecho a recibir este tipo de ayudas, de las que el 50,94 por ciento son dependientes de grado III y el 25,82 por ciento de grado II

Castilla y León ocupa el primer puesto del ranking de España en la concesión de prestaciones por dependencia, al superar en más de 21 puntos la media nacional. En la región hay 34.585 personas que se benefician de las ayudas de la Ley de Dependencia, el 85,13 por ciento de las que tienen derecho, cuando en el conjunto del país la cifra es del 64,61 por ciento.
Así lo pone de manifiesto la última estadística del Sistema para la Autonomía a la Dependencia (Sisaad) del Imserso, que precisa que sólo un 14,87 por ciento de los beneficiarios (6.043) están pendientes de recibirla, frente al 35,39 de la media nacional, y todo pese a que en Castilla y León el porcentaje de personas con este derecho se sitúa en 2,52 puntos por encima de la media nacional, con un 76,76 por ciento, por encima del 74,24 por ciento.
En Castilla y León hay 40.628 personas que tienen derecho a recibir estas ayudas. El 50,94 son dependientes de grado III y el 25,82 por ciento de grado II -los de mayor nivel de dependencia-. Estos datos, corroboran que la Comunidad cuenta también con un grado de dependencia mayor a la media del país, con cifras del 45,63 y 28,61 por ciento, en cada caso.
Aunque hay 34.585 personas que se benefician de la Ley, a 1 de diciembre, la Junta suma 38.157 prestaciones reconocidas, ya que algunas se benefician de más de una. Más de la mitad se corresponden con servicios (59,87 por ciento) y el resto (40,13), con prestaciones económicas por cuidados en el entorno.

Prestaciones. Si se analizan los datos por prestación, las económicas de cuidados en el entorno familiar se elevan a 15.314. Les siguen las vinculadas a un servicio, un 22,16 por ciento con 8.456 prestaciones, y las que van dirigidas a sufragar los gastos por permanecer en un centro residencial, el 18,83 por ciento con 7.186.
A la cola están las ayudas por asistente personal, con un 0,07 por ciento y 26 prestaciones; teleasistencia, con el 1,83 por ciento y 696; prevención y promoción de la autonomía personal, el 4,5 por ciento con 1.718; que reciben aportaciones por acudir a un centro de día, el 5,77 por ciento con 2.201 prestaciones, y por ayuda a domicilio, el 6,71 por ciento con 2.560.
Aunque en la Comunidad hay 52.930 que tienen reconocida su situación de dependencia –el 2,33 por ciento de su población-, hay 12.302 que aún no pueden recibir ningún tipo de prestación, ya que la aplicación de la Ley es gradual y no concluirá hasta 2015.

Diario Palentino 13/12/2009