El Partido Socialista denunció ayer el «derroche de medios públicos» cometido por la Junta de Castilla y León en la campaña de defensa jurídica del Archivo General de la Guerra Civil. Óscar Sánchez aseguró que la Junta se ha gastado en esta campaña 149.000 euros, tres veces más de lo que había contestado en respuesta a una pregunta formulada en las Cortes. El procurador recordó que el pasado 21 de diciembre presentó una pregunta sobre «las contraprestaciones económicas pactadas» con el bufete madrileño Tomás y Ramón Fernández por la asesoría jurídica y defensa del Archivo General de la Guerra Civil por parte de la junta de Castilla y León.
Una pregunta que obtuvo como respuesta una comunicación firmada por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Ruiz, el 24 de enero señalando que la cantidad «abonada» al bufete ascendía a 52.200 euros. Óscar Sánchez aseguró ayer que «ni siquiera esta cantidad es cierta», ya que, según ha denunciado el PSOE, el contrato de asesoramiento jurídico de la Junta con el bufete comprende tres anualidades -2005, 2006 y 2007- y la primera de ellas, correspondiente al año pasado, refleja un importe de 53.640 euros.
Además, el contrato establece que la Junta abonará este año 2006 la cantidad de 71.520 euros al despacho madrileño y en el 2007 un total de 23.840 euros. Es decir, el contrato total asciende a 149.000 euros, aproximadamente 25 millones de pesetas, el triple de lo que la Junta contestó al procurador socialista.
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