Y ENCIMA NOS QUIEREN COBRAR*
Consejeros de Sanidad de Cataluña, Asturias, Madrid y País Vasco y ex ministro García Vargas abogan por el co-pago
Boletín nº 6 - octubre de la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública contra la Privatización
Ante la crisis económica que va a reducir sustancialmente los ingresos de las arcas públicas, arrecian las voces urgiendo la introducción del co-pago del usuario tal y como anunció esta Coordinadora en su Boletín nº 3.
En la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la propuesta lanzada por la Consejera de Sanidad de Cataluña – Marina Geli – fue respaldada por los Consejeros de Asturias, Madrid y Comunidad Autónoma Vasca; es decir, PSOE, PP y PNV.
La iniciativa pretende que se introduzca el pago de un porcentaje de los medicamentos por parte de los pensionistas, para posteriormente requerir el pago de un ticket moderador para acceder a consultas, urgencias, etc[1].
A ellos se ha sumado el ex Ministro de Sanidad del PSOE Julián García Vargas. El fue quien encargó en 1991 a Abril Martorell el tristemente famoso Informe sobre la reforma del Sistema Nacional de Salud, que fue retirado ante la amenaza de huelga general contra parecidas recomendaciones.
García Vargas dice que "sería bueno llevarlo al Consejo Interterritorial, seguro que allí se sumarían varias CC.AA. y a partir de ahí se iniciaría el camino". Afirma que "es algo educativo y bueno para todos" y que hay "un exceso de de uso de Urgencias, un exceso de recetas de pensionista..etc"[2].
Hay voces que, aún partidarias del co-pago, alertan de la inconveniencia de introducirlo en un momento en el que a la carestía generalizada, se suman los despidos masivos, sobre todo, el recuerdo todavía caliente de la inyección masiva de dinero público a los bancos en peligro por su insaciable especulación financiera.
Las consideraciones de los Consejeros y el ex Ministro son las mismas que hace 17 años: la cuantía del co-pago no sería la misma para los ricos que para los pobres, para los primeros sería una cantidad simbólica, etc.
Habría que preguntar: para el cálculo de la diferente aportación, ¿se establecería un carnet diferenciado para ricos y pobres? o bien ¿se introduciría una burocracia imposible de gestionar para el cálculo proporcional de la cuantía del co-pago?.
Por otra parte, ¿qué se entiende por aportación simbólica? Es evidente que pueden mediar abismos entre lo que considere como tal un banquero, quien percibe la pensión mínima o el salario de integración. En cualquier caso tickets moderadores muy bajos (menos de 2 euros) introducidos en otros países han tenido efectos demoledores como disuadir del uso de servicio sanitarios o medicamentos al 20% más pobre de la población, independientemente de la gravedad de su padecimiento.
La valoración desde principios irrenunciables de equidad, salud y servicio público sólo puede ser la siguiente:
No se puede aceptar ningún tipo de pago para el acceso a servicios sanitarios, ni ningún aumento en la aportación del paciente a los medicamentos, ni de activos, ni de pensionistas, que sólo contribuiría a empeorar la accesibilidad económica, ya muy deteriorada por el empeoramiento de las condiciones de vida de la población.
El servicio sanitario público debe ser gratuito en el momento de uso. Son los impuestos directos, los que gravan la riqueza, los que deben establecer diferencias en las aportaciones a las finanzas públicas.
El co-pago obedece a objetivos recaudatorios y, sobre todo, a quitarse de en medio a los mayores obstáculos al negocio privado en sanidad: enfermos crónicos, personas mayores y pobres en general.
La respuesta trabajadores de la sanidad y usuarios debe ser clara y contundente, esta vez si, "disuasoria".
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http://www.kaosenlared.net/especial/porunasanidadpublica
*NOTA DEL REDACTOR.
