FAES prepara un informe para Rajoy que estudia el copago en la sanidad
EL PAIS 27/06/2011
¿No hay dinero para sanidad?
NOS SIGUEN TOMANDO EL PELO CON LA SANIDAD
LO QUE NOS ESPERA SI NO LUCHAMOS (CON HUMOR)
EL ESCANDALO DE LAS MUTUAS PATRONALES
PUBLICO 05/05/2011
VICENÇ NAVARRO
La mayoría de la ciudadanía no conoce ni está informada sobre las Mutuas Patronales de Accidentes y Enfermedades Laborales, que tienen un enorme poder. Sus decisiones afectan al bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población trabajadora en el país. Son mutuas establecidas para compensar a las familias de los trabajadores que mueren en accidentes laborales, o quedan incapacitados temporal o permanentemente como consecuencia de aquellos accidentes, o enferman como resultado de causas laborales. Se financian con aportaciones empresariales que, en realidad, son aportaciones basadas en las rentas del trabajo originadas en la empresa. Las cantidades que tales mutuas manejan son enormes.
En 2010, la diferencia entre los ingresos y los gastos fue la impresionante cifra de 5.000 millones de euros. Estos fondos son gestionados por representantes del mundo empresarial que son también los que, en la práctica, gestionan los criterios de compensación a los trabajadores y el criterio de definir si las causas de la muerte, de incapacidad y/o enfermedad son laborales o no. Es esta capacidad de definición la que les da un enorme poder, que hasta hace muy poco no se ha cuestionado. Estas mutuas señalan que no son ellas, sino el Estado, quien define tales criterios. Según ellos, lo que la mutua hace es meramente aplicar la normativa oficial. La realidad, sin embargo, es muy distinta.
Como resultado de este poder, España se encuentra en una situación única en los países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo): la de no haber tenido ninguna muerte debido a una enfermedad por causa laboral en 2000, en 2001, en 2002, en 2003 y en 2004. Y en 2005, por primera vez, tres personas –según las cifras oficiales aportadas por tales mutuas– murieron por enfermedades laborales. Este número no ha variado desde entonces. En el año 2009 continuaban siendo tres. Ningún otro país de la OCDE se encuentra ante esta situación de subregistro tan importante de mortalidad debido a enfermedades laborales. Es una situación que puede y debe definirse como escandalosa.
En realidad, es muy fácil calcular el número de muertes que España tiene como consecuencia de enfermedades adquiridas en el lugar de trabajo. Estos datos pueden obtenerse extrapolando la experiencia en otros países con poblaciones laborales parecidas que tengan condiciones de trabajo semejantes a las existentes en nuestro país. Según el Grupo de Investigación de Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra, en España se mueren alrededor de 14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en el lugar de trabajo. Cada año hay 9.400 muertos de cáncer, 3.600 muertos de enfermedades cardiovasculares y 1.700 muertos de enfermedades respiratorias causadas en el lugar de trabajo. Y ninguna (repito, ninguna) de ellas aparece en el registro oficial de muertes de causa laboral de tales mutuas, que son las que suministran este tipo de datos.
Esto quiere decir que las mutuas no pagan las compensaciones debidas a los familiares de los fallecidos, consiguiendo un ahorro y unos beneficios claramente exuberantes. Aun cuando se definen como entidades sin afán de lucro, los ingresos entre los dirigentes y gestores de estas mutuas, así como los pagos por dietas complementarias, están entre los más altos en el mutualismo español.
Un tanto semejante ocurre con las enfermedades laborales, que apenas se registran en tales mutuas. Sólo se registran 30.000 casos anuales, la inmensa mayoría de ellos leves y sin baja. Las cifras reales, sin embargo, son mucho más grandes: cerca de dos millones de personas padecen enfermedades laborales (un 9% de los trabajadores y un 13% de las trabajadoras). De nuevo, el ahorro de las mutuas, basado en este subregistro, es enorme. Su tasa de beneficios depende de este subregistro y a ello dedican una gran cantidad de recursos: abogados, “expertos” laborales y otros que constantemente y diariamente testifican en los tribunales negando la causa laboral de las enfermedades y de las muertes. Lamentablemente, no ha habido ningún canal de televisión público o privado que haya hecho un reportaje crítico de una de las prácticas más escandalosas existentes en nuestro país.
Esta situación no es sólo injusta para los muertos y sus familiares, así como para los pacientes de tales enfermedades, sino también para la ciudadanía en general, pues es esta la que paga los impuestos que financian –a través del sistema público sanitario– los cuidados médicos de tales enfermedades, cuando en realidad debieran ser pagados por tales mutuas. Una cifra que puede dar una idea de ello es que el 18% de los enfermos hospitalarios (estimación muy conservadora del Observatorio Social de España) tienen enfermedades laborales. El coste para el servicio público sanitario de atender a estos y otros enfermos por causas laborales representa un 14% de todo el gasto sanitario (cifra que, de nuevo, es muy conservadora, pues es más que probable que alcance el 20%). Si se corrigiese esta situación y las mutuas patronales pagaran esta cantidad al sistema público sanitario, el Estado y el Gobierno de la Generalitat se podrían haber ahorrado los recortes del 10%.
¿Ocurrirá? No es probable. ¿Por qué? Por la misma razón que el Estado no ingresa los 76.000 millones de euros al año debido al fraude fiscal. La respuesta a ambas preguntas es la enorme influencia que los grandes poderes fácticos –entre los cuales destacan la banca, las compañías de seguros y las mutuas patronales, así como el mundo de las grandes empresas– tienen sobre el Estado (sea este central o autonómico). Así de claro.
Para éstos sí hay dinero: Fomento sale en auxilio de los grupos de autopistas con riesgo de quiebra
El gobierno sigue mostrando a quien sirve: dinero público masivo para la banca, las multinacionales, las grandes empresas... y recortes de pensiones, más impuestos y reformas laborales para el resto.
Este año, a varias autopistas de peaje les toca pasar un delicado test con sus acreedores. Deben reestructurar la deuda asumida para construir las vías que el Ministerio de Fomento adjudicó en los últimos diez años.
Entre las refinanciaciones más urgentes, destacan los peajes de Madrid R3 y R5 (renegociación de 500 millones de euros antes el verano), en los que participan Sacyr, Abertis y FCC. Otras sociedades, como el Eje Aeropuerto, de OHL, o la autopista Madrid-Toledo, participada por Isolux y Comsa-Emte, disfrutan de financiaciones a largo plazo, pero, sin embargo, se encontrarían técnicamente quebradas por la falta de tráfico.
El denominador común de estas empresas y del resto de sociedades afectadas (al menos, ocho autopistas que han movilizado inversiones por 4.000 millones de euros) es el incumplimiento sistemático de su plan de negocio. Ninguna alcanza la previsión de ingresos inicial, los accionistas ya no pueden asumir más ampliaciones de capital para sanear su balance y, ante esa situación, se enfrentan al riesgo de quiebra.
Solución
Fomento lo sabe desde hace tiempo y, por eso, se ha puesto a trabajar para encontrar una solución rápida. Para el Gobierno, se trata de un asunto vital, ya que de él depende que la banca mantenga la confianza en el modelo y respalde el plan extraordinario de infraestructuras de 15.000 millones de euros que el titular del departamento, José Blanco, quiere presentar este mes.
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"Es una condición sine qua non. Si no se resuelven previamente nuestros problemas, el plan de Fomento corre un alto riesgo de fracasar, ya que ni nosotros ni nuestros acreedores querrán participar", asegura el responsable de una de las autopistas de peaje afectadas. Fomento analiza, al menos, dos opciones. Ambas forman parte del paquete de enmiendas a la nueva ley de captación de financiación para concesiones, en tramitación parlamentaria.
La primera consiste en una fórmula contable por la que la sociedad concesionaria abre una cuenta a cobrar del Estado en su balance (cuenta de compensación). En ella, y durante un plazo de entre 10 y 20 años, la empresa anotará la diferencia entre los tráficos previstos en su plan económico-financiero y los ingresos reales. Al vencer el plazo, si el saldo es negativo, el Estado compensa a la concesionaria. Si resulta positivo, en teoría, se devuelve a la Administración.
"No entra dinero en caja y, por lo tanto, no tiene impacto en términos de gasto público. Se parece más a una garantía de cobro que, en principio, facilitará la renegociación con los bancos", remarcan las potenciales empresas beneficiadas. La adopción de esta medida depende del grado de acuerdo de Fomento, Hacienda y los grupos parlamentarios encargados de la presentación de enmiendas. En principio, PSOE, PP y CiU están de acuerdo con el planteamiento, que ha superado, además, los informes jurídicos preceptivos. Esta fórmula, similar al déficit de tarifa de las eléctricas, ya ha sido aplicada por Fomento en la autopista AP-7, gestionada por Abertis.
Aunque positiva, los grupos de infraestructuras consultados consideran la medida insuficiente. "Corrige un problema puntual de algunas autopistas, como las radiales R5 y R3, pero no soluciona la crisis estructural del sector", advierten. En esta situación, se encuentran los peajes entre Madrid-Toledo, la conexión con la T4 del aeropuerto de Barajas y la autopista entre Cartagena y Vera, de FCC y Ploder (esta última constructora, al borde del concurso).
Para estas empresas, Fomento baraja la aportación de capital mediante créditos participativos (se devolverían cuando la sociedad entre en beneficios). El inconveniente de esta medida es que sí se produce un compromiso financiero del Estado, en un momento en el que el Gobierno quiere aplicar un recorte a la inversión en infraestructuras para conseguir un ahorro de 50.000 millones de euros en cuatro años.
Otra opción, más radical, es el levantamiento de los peajes. En principio, esta decisión requeriría del rescate de la autopista por parte del Estado con la debida compensación a la sociedad concesionaria. Según los expertos, la autopista entre Madrid y Toledo podría encajar en este esquema. Sus responsables tienen planteada una demanda contra Fomento en el Tribunal Supremo que asciende a unos 400 millones de euros. Entre sus argumentos, figura el incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de concesión, entre ellas, la extensión del corredor hasta Córdoba.
Urgencias
1. El Ministerio de Fomento ya dio un primer paso al admitir y asumir parte del coste de las expropiaciones de las autopistas radiales de Madrid e introducir una fórmula de compensación para autovías de primera generación.
2. Ahora, se trata de alejar el fantasma de quiebra de varias sociedades concesionarias que no han cumplido con sus previsiones de tráfico y ven peligrar su viabilidad si los bancos y la Administración no les apoyan.
3. Para hacerse una idea del alcance del problema, el peaje M-12 de OHL (Eje Aeropuerto), en Madrid, preveía tráficos de hasta 50.000 viajeros día, cuando la intensidad real en 2008 fue de algo más de 10.000 vehículos diarios.
4. A la crisis del sector, se suman las dificultades particulares de algunos de los accionistas de las autopistas, como Ploder-Uicesa, que participa con FCC en el tramo Cartagena-Vera. Ploder está al borde del concurso de acreedores.
5. La medida llega en un momento clave, ya que hay sociedades, como la que gestiona los peajes R3 y R5 de Madrid, que debe refinanciar pronto un crédito de 500 millones de euros. En esta empresa participan Sacyr, Abertis y FCC.
Garantías
Una de las opciones barajada es ofrecer una garantía de cobro mediante una nueva cuenta a compensar en el balance de la concesionaria que recoja la diferencia entre tráfico real y previsto.
Crédito participativo
Es la más fácil de articular, pero tiene un coste financiero para el Estado. Se trata de una vieja fórmula poco utilizada, que está recogida en la nueva ley de captación de financiación.
Levantar peajes
Se trata de un mecanismo por el que el Estado llega a un acuerdo para convertir la carretera en gratuita. En teoría, obligaría al Gobierno a rescatar la concesión al alterar los términos del contrato.
DINERO PARA LA REPRESIÓN SÍ, PARA LA SANIDAD PÚBLICA NI UN EURO
NORTE DE CASTILLA 18/12/2009
El PP celebró ayer un foro sobre seguridad en el que lanzó varias propuestas, como la mejora de las condiciones profesionales de los policías y de los guardias civiles, que incluye la equiparación salarial. Asimismo, los populares proponen la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías locales, para que éstas puedan recibir denuncias, realizar atestados en aquellas materias donde tengan competencias y que puedan acceder a la base de datos del Cuerpo Nacional de Policía denominada Argos Nivel 1, según informó ayer el diputado Ignacio Cosidó. Otra propuesta es que la Policía Nacional y la Guardia Cicil se integren en el servicio de emergencias de Castilla y León 112. Finalmente, el PP propone que se creen el Consejo de Política de Seguridad en Palencia, en el que estén representados comerciantes, empresarios, dirigentes vecinales y agricultores, colectivos que estaban invitados ayer al foro del PP, que se celebró en la sede provincial.
COMENTARIO REDACCION DEL GUAJE
Es lógico que el corrupto Partido Popular pida dinero para las fuerzas de represión, al fin y al cabo son los que garantizarán sus propiedades robadas al pueblo. Para los trabajadores congelación salarial, contratos basuras, despidos gratuitos, recorte en el gasto sanitario y en la enseñanza pública, pero hay que pedir dinero para que los policias apaleen a los trabajadores que protestan por la pérdida del puesto del trabajo o por una mejora salarial, y dinero para la sanidad pública nada de nada quien pueda que se lo pague y sino a la caridad que para eso también apoyan a la iglesia católica.
Un soldado español en guerra supone un gasto de 1.300 euros al día
Al seguir el dictado de la nueva estrategia de Obama, algunos postulados del Gobierno Zapatero se tambalean: se han apagado los ecos del "no a la guerra". La situación lo impone: hay que sofocar la escalada de los talibanes, que se han hecho fuertes en Kandahar, la segunda ciudad afgana.
Estados Unidos, que enviará otros 30.000 soldados a la zona (la cifra de estadounidenses se elevará hasta 65.000), reclama un esfuerzo equivalente entre sus aliados. La OTAN ha recogido el guante: 25 países añadirán 7.000 militares. Aunque no se ha concretado quién ofrece qué, Zapatero piensa aportar entre 200 y 420 militares (hoy, España tiene mil unidades en la zona).
Es muy probable que el Congreso saque adelante la propuesta del presidente español. La bendicen el Gobierno y la oposición, con el PP a la cabeza. "Sin fisuras, apoyamos la misión en Afganistán", ha dicho Beatriz Rodríguez Salmones, portavoz popular en Defensa.
El problema es que la misión vale dinero. Y mucho. Mantener un soldado español en Afganistán, zona en guerra, cuesta cerca de 1.300 euros diarios, una cantidad considerable que incluye gastos en dietas, alimentación, cama, transporte o material de combate y blindaje.
También entran ahí las reducciones de impuestos, los seguros de vida o los de minusvalía... "En el caso afgano, el mantenimiento de un militar es particularmente caro -dicen fuentes de Defensa-. No es lo mismo un traslado a Afganistán que uno a Bosnia o a Líbano. En Afganistán, las condiciones son más complejas". Se refiere a las pésimas infraestructuras del país, laberinto de carreteras montañosas salpicado de zonas tramposas, y a la climatología, extrema en el invierno y en el verano.
"Es lo que cuesta mejorar la protección del pueblo afgano -dice Carme Chacón, titular de Defensa-. Solamente así se garantizará el proceso de afganización (el plan que debe conducir a que los afganos se administren a través de su ejército y su policía)".
El coste de las misiones se ha hecho público en el Congreso. Entre enero y septiembre, España había invertido 364 millones de euros en Afganistán, calcula el ministerio de Defensa. El cálculo de la media cuantifica el coste diario en 1.304 euros diarios por soldado.
El ministerio no se ha ofrecido a desglosar cada partida (cuánto se gasta en munición, en sueldo adicional o en comida). "Es algo complejo: los números bailan según el cargo del militar. No es lo mismo un oficial que un soldado raso", comentan desde el gabinete.
La coyuntura le ha complicado las cosas a Zapatero. Atrás ha quedado el proceso de repliegue de Iraq, una de las piedras filosofales de la primera legislatura del Ejecutivo. En el 2004, aquel desmantelamiento había alimentado sentimientos encontrados: enfureció a George W. Bush, pero reconfortó a buena parte de la opinión pública española, abierta a nuevos horizontes de paz y desmilitarización.
En términos absolutos, entre enero y septiembre, Defensa se ha gastado 713 millones de euros en misiones de paz, cuarenta más que en el 2008. Se trata de un aumento incómodo, en particular en tiempos de crisis. Aun así, lo bendicen la mayoría de grupos políticos, sobre todo en el caso afgano, donde han muerto 89 militares españoles en ocho años (el último fue el cabo Cristo Cabello, el pasado 7 de octubre cerca de Herat).
"El despliegue se ha consensuado en el Parlamento ocho veces -dice la ministra Chacón-. Nuestra retirada propiciaría el regreso de los integristas y facilitaría el cobijo de los terroristas". "Desde el 11-S, Afganistán sigue siendo un santuario terrorista", dice Jordi Xuclà, de CiU.
Sólo Gaspar Llamazares (IU) se postula contra el despliegue. "Me preocupa que no se haya concretado un calendario de retirada que facilite el acuerdo interno entre los afganos. Estamos ante Caosistán: me parece demagogo decir que nos hemos ganado el corazón de los afganos, cuando hemos perdido su estómago y su cabeza".
LA VANGUARDIA
Así nos roban y luego dicen que no hay dinero para sanidad.
El caso de la privatización de La Funeraria de Madrid, una empresa pública muy rentable que se vendió por 100 pesetas (0,60 euros) y al año siguiente ya rendía cientos de millones, es un ejemplo de la decadencia a la que pueden llegar las llamadas democracias occidentales con la colaboración de algunos jueces. La evidencia de los hechos no dejaba duda de lo que se pretendía: robar. Se alteraron las cuentas para hacer pasar por ruinosa una empresa que no lo era y así poder regalarla. El entonces alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, que defendió aquella venta con vehemencia, ahora preside
IFEMA (la zorra cuidando las gallinas), empresa pública por la que le ofrezco no 0,60, sino 1 euro completo.
Tras informes demoledores del Tribunal de Cuentas y del fiscal, la cosa cayó en manos de los jueces. Ahí terminó la justicia y empezó la arbitrariedad. La deliberada dilación del proceso para permitir su prescripción es de un descaro indigno de un Estado “de derecho”. Uno de los jueces llegó a suspender la causa porque se avecinaban elecciones y, según decía, se podría perjudicar la carrera política de los encausados. Claro, de eso se trataba, hubiera sido conveniente juzgar con celeridad para restablecer el honor de los inocentes o, en su caso, como se ha demostrado a pesar de la prescripción, condenar e inhabilitar para cargo público a los ladrones. ¿No está usted para eso, señoría? Luego, ese mismo juez, abandonó el caso por reconocer amistad con una de las partes (manda huevos, o ¿no?). Y así, pasó el tiempo. En el caso Fabra (Castellón), creo que ya van siete jueces diferentes y nadie juzga. Prescribirá. Es muy grave, se roza la impunidad. No olvidemos el ciclo que repite la historia: Democracia-demagogia-dictadura.
BLOG DEL GRAN WYOMING EN PUBLICO DEL 07/06/2008