El PSOE acusa a la Junta de recortar prestaciones a los dependientes

El PSOE considera que la Junta ha tenido una implicación mínima en la aplicación de la Ley de Dependencia y ha depositado en las corporaciones locales una responsabilidad que, en conciencia, debiera corresponder a la administración autonómica. La procuradora socialista en las Cortes de Castilla y León María Sirina Martín denunció ayer que algunas solicitudes tramitadas hace un año no tienen aún resolución en la provincia de Palencia.

La parlamentaria autonómica recordó el modelo de colaboración entre la comunidad autónoma y las corporaciones locales de más de 20.000 habitantes, que en Palencia únicamente incluyen al Ayuntamiento de la capital y a la Diputación. En el caso de la institución provincial, María Sirina Martín lamentó que no se esté cumplimiendo esa línea básica y que la Junta no se encargue de velar por su cumplimiento, «como institución responsable en primer término», según dijo.

Según los cálculos que planteó ayer la parlamentaria del PSOE, cuando una persona presenta una solicitud de dependencia tiene que acudir al Ceas un mínimo de diez veces. «En febrero se habían presentado 3.981 solicitudes en la provincia de Palencia, lo que supone un volumen de consultas en los centros de acción social de más de 40.000 cuando culmine el proceso de estos solicitantes. Es algo desproporcionado para los medios con los que cuentas los centros y está generando un colapso en Ceas como el de Guardo, el de Venta de Baños o el de Aguilar de Campoo, ante la pasividad de la Diputación y la permisividad de la Junta», agregó. La procuradora del PSOE indicó que Palencia es la provincia que encabeza las solicitudes y la baremación de las solicitudes. «Si estos trámites se están haciendo a buen ritmo, habrá que preguntarse por qué las prestaciones no llegan. Hay dos tapones, que son la resolución de esas solicitudes, que corresponde a la Gerencia de Servicios Sociales, y la aceptación de la opción elegida por los usuarios, que también corresponde a la Junta. El problema es la Junta, que es quien debe resolver estos problemas», agregó ayer.

María Sirina Martín planteó que existe una motivación perversa de la Junta en declarar dependiente a quien ya era atendido previamente y, al incluirlos, los gastos se comparten con el Estado. «Todo esto está bien si se hubiera priorizado a los que no recibían atención», afirmó. Según los datos facilitados por el PSOE, en el mes de febrero eran 1.985 los palentinos que tenían reconocida una prestación, aunque sólo 1.482 la percibían. «El resto, sin saber por qué, no reciben ese dinero. Además, hay 900 solicitudes, un tercio del total, que están sin resolver», relató.